Oposición a la ejecución hipotecaria por sujeción de los bienes hipotecados a otro embargo anterior
1. La Parte requerida podrá, después de haber resuelto sobre la solicitud de extradición, retrasar la entrega del individuo reclamado a fin de que pueda ser juzgado o, si ya ha sido condenado, para que pueda cumplir en su territorio una pena impuesta por un hecho diferente de aquel por el que se concedió la extradición.
Si la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición, se lleva a cabo una última audiencia en la cual el juez de distrito determina si los requisitos formales están satisfechos y si la persona a extraditar consiente en ser entregada. Conclusiones
b) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público.
Si bien es una herramienta útil para luchar contra el crimen internacional, también es importante garantizar que se respeten los derechos humanos y que no se produzca ninguna situación de injusticia.
2. La Parte requirente estará obligada a mantener bajo Check This Out custodia a la persona trasladada y a devolverla tan pronto como se haya realizado la diligencia especificada en la solicitud que dio lugar al traslado.
Se accederá a ella si el detenido presta su consentimiento y si la Parte requerida estima que no existen consideraciones importantes que se opongan al traslado.
Las Partes se informarán mutuamente de las sentencias condenatorias que las autoridades judiciales de una de ellas hayan dictado contra nacionales de la otra.
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c) Texto de las disposiciones legales relativas al delito o delitos de que se trate, penas correspondientes y plazos de prescripción.
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La infracción de las normas fiscales, sobre Management de cambios y aduaneras solo dará lugar a la extradición en las condiciones previstas en este Tratado cuando las Partes así lo hubieren decidido para cada categoría de infracciones.
El Convenio de Extradición entre España y México es un acuerdo internacional que establece los procedimientos y requisitos para la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos entre ambos países.
A los fines de la aplicación de este Tratado, el homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno o de un miembro de su familia no será considerado como delito político.